El objetivo

La cuestión es así: fue un error garrafal el pensar que con la firma de los acuerdos de paz se había alcanzado el estado ideal del país. 

Nuestro objetivo como país no se debe limitar a los papeles, a lo simbólico, a lo "histórico".

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Los primeros 20 años

Aquellos que pensaron (pensamos) que con la firma de los acuerdos en Chapultepec aquel 16 de enero de 1992 comenzaría una etapa de prosperidad incontenible para esta pequeña nación, tomando en cuenta que ahora todos trabajaríamos por un mismo fin y las discusiones estériles por poder acabarían, se han llevado la desilusión más grande de sus vidas.

Pocas personas habrían imaginado que la beligerancia militar se ha convertido en un caldero de malas intenciones disfrazado de convivencia política pacífica. Es una situación con demasiados visos de irrealidad. 

Acá puedo sentarme a escribir sobre las connotaciones sociológicas o jurídicas de lo que sucede. Puedo decir que los acuerdos, con honestidad, no se han cumplido más que a la mitad. Pero todo eso ya es inútil. Lo que puedo decir es que soy un salvadoreño más con esa sensación de desesperanza ante lo que sucede día a día. 

El año pasado escribí esto   y a estas alturas no tengo respuestas a las mismas preguntas. Lo que ha crecido es ese sentimiento de decepción. Todo, todo se debe cambiar. 

Los cambios de partido en gobierno no funcionan, y los cambios en la idea de los políticos nacionales son algo imposible.  

He insistido mucho en el cambio de sistema o de aplicación de sistema democrático en el país. Todos estamos conscientes en alguna medida que no vivimos en una verdadera democracia, y ni siquiera en partidocracia. Vivimos en una obvia cupulocracia que no permite que las mayorías puedan ejercer su poder. 

Tenemos uno de los índices de asesinatos más grandes del mundo. Mencionan al país en alguna película o en algún libro y siempre es porque acá mueren por las maras, que acá la vida no vale nada. Es irreal darse cuenta como cuando hablás con alguien que jamás ha venido al país y te dice que El Salvador es un lugar desconocido, o conocido únicamente por ser una zona peligrosa para vivir que queda abajo de México. Me entristece. 

A veces pienso que seguir escribiendo, que protestar, que hacer carteles y plantarse frente a las instituciones corruptas que manejan el país, es absolutamente inútil. Todo será inútil mientras no se solucione la desigualdad social. Mientras la paz dependa de cerrar la brecha social entre clases antagónicas que muy a pesar nuestro se odian sin más motivo que la vida que ha tocado vivir, la paz no será más que algo utópico sobre lo cual escribir cada 16 de enero. Mientras tanto, esto está perdido. La paz cumplió su mayoría de edad y es inoperante.

¿Qué quiero? Medidas estructurales. Un país en el que los intereses de nación valgan más que los intereses privados. Donde los impuestos sean justos y equitativos, donde las oportunidades de inversión y de trabajo sean iguales para todos y no dependan de compadrazgos. 

En fin, quiero vivir en otro país. 

Todos dicen que cada persona que se queja por como está el país deberían ponerse a trabajar para construir el país que queremos. Yo creo que callarme es lo peor que puedo hacer. 

¿Qué haremos?

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El gobierno, la reforma y el síndrome Robin Hood

“Robarle a los ricos para darle a los pobres”: esa idea de la Inglaterra medieval trasladada a nuestro contexto bajo la fabulosíiiiiisima idea de que unos paguen más impuestos que otros y que se disfraza de reforma fiscal. Probablemente muchos aplaudan el populismo, perdón, el romanticismo de la acción y de seguro son esos mismos los que han olvidado que en nuestro caso Robin Hood y el rey Ricardo conforman la misma persona, institución, entidad o como le quieran llamar al gobierno.

Si bien es cierto que en años anteriores las personas con menos ingresos han pagado en impuesto un aproximado de 30 dólares por cada 100 recibidos y quienes obtienen más ingresos únicamente 11 dólares por cada 100, quitarles a unos para aumentarle a otros difícilmente va a ser solución a un problema que ni ricos ni pobres son los culpables, sino el despilfarro irresponsable del gobierno. Estoy de acuerdo que hay empresas y personas que evitan la responsabilidad de pagar la tasa correspondiente, pero, según como lo veo, la ejecución de esta medida crea tal desmotivación en pudientes y empresarios, que a lo único que va a llevar es a buscar formas de evasión. No es que sea corrupta yo también, pero no los culpo: si el costo a pagar es más grande que el beneficio a recibir, ni en mis extremos de locura y absurdismos aumentaría yo lo primero y muchísimo menos aceptaría que me lo impusieran.

Pero si dejamos a un lado mi hipotética rebeldía y volvemos al tema de este escrito, es necesario resaltar que en idioma “consecuencias” las traducciones de la reforma serían menos inversión y disminución de iniciativa empresarial por parte de las empresas y, los empleados, ya pueden ir tachando de sus listas de cosas por hacer conseguir aumento de sueldo o contrataciones específicas.

Mientras los inventores de esta idea digna de los libros de historia ocupan discursos populares para canalizar la atención de las personas en aparentes soluciones, el empresario recurrirá a “medidas ahorrativas” para sacar el dinero de alguna parte y cumplir con lo que se le exige. Medidas que no sólo sufrirá el trabajador, sino también todo aquel que pierda capital humano y capacidad productiva. Será mi eterno negativismo, será mi poca comprensión de las cosas, será que tal vez tengo razón; pero el panorama pinta oscuro, y si al pintor sólo le dejan los óleos neutros y el canvas preparado no hay mucho por hacer. Y no, el pequeño y confuso universo de mi cabeza no comprende como “unos sí, otros no, ellos más, y esos menos” puede ser una reforma más justa como lo dice el comercial, especialmente si es para solventar deudas de un estado irresponsable (me disculpan la malcriadeza, pero me rehúso a ponerle mayúscula al nuestro).

El sol no se tapa con un dedo y el Acelhuate no se detiene con… bueno, ustedes saben con qué. Por eso mi creencia de que el verdadero problema es el gasto insostenible, que la reforma tal vez alivie momentáneamente, pero que jamás eliminará el problema de raíz, que las consecuencias no han sido lo suficientemente analizadas ni explicadas a la población y de que se debe estar alerta de esta y todas las acciones que lleven a personas a dejar de aportar para que no se cree dependencia ni economías sostenidas.

Mi solución es que el gobierno entre en austeridad y recurra a la transparencia y comunicación abierta sobre los gastos como medida de peso para sus acciones, que demuestre que practican lo que predican y que ellos también hacen y no sólo dicen qué hacer. Y otra cosa, que alguien me explique la diferencia entre contribuyentes y obligados, porque a las almas caritativas de los primeros todavía no las he conocido.

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Reglas simples.

En las últimas semanas algo que ha estado en boca de todo mundo y que ha desatado el pánico en las gremiales de empresarios, es la posibilidad de una reforma fiscal al menos en algunos puntos, con el objetivo primordial de aumentar las recaudaciones y que las mismas funcionen para financiar la amplia gama de deudas sociales que el país ha venido heredando desde hace décadas y que no han hecho más que agudizarse. 

Mi opinión es sencilla. Las reglas de inversión, que son las que se les cambiarían a los empresarios, son las que desde un principio se debían cambiar para hacer un poquito más creible aquello que dice que el interés público siempre tendrá primacía sobre el interés privado. Que esas reglas estén a la inversa en paises como el nuestro son la clara muestra de las razones del subdesarrollo. Un país cuyos ingresos son controlados en su inmensa mayoría por la empresa privada es un país en el cual la inversión social siempre será méramente anecdótica.

Los reclamos de las gremiales de empresa privada se resumen en 2 postulados:

1) La inversión se verá tan limitada porque el impuesto no podrá ser pagado por los empresarios sin trasladarlo al público en general. 

2) No se puede llegar a un acuerdo de subir impuestos en ningún porcentaje dado que no se sabe, ni se tiene idea de la forma en que se invertirá el impuesto recaudado. La corrupción y el despilfarro del que han hablado  los empresarios es una verdad que no se puede cuestionar, pero tampoco es suficiente como para simplemente dar un carpetazo de cierre a la posibilidad de llegar a un acuerdo de colaboración entre la empresa privada y el gobierno. 

Entiendo que se sienta preocupación por el destino del excedente de impuestos que se recaudaría, pero para ello hay que darle verdaderas armas a la Corte de Cuentas para fiscalizar mejor los procesos de de inversión en materia social.

Es mentira que la inversión se irá y dejará al país en la crisis absoluta. Es claro que cualquier país que deja un nicho económico libre recibirá inversión para aprovecharlo. Así se rige el sistema en que vivimos.

 ¿Es necesaria la reforma fiscal?: SI.

¿Es necesaria la política de austeridad? : SI.

¿Es necesario mejorar el control de las finanzas del Estado?: Absolutamente.

¿Se logrará una verdadera reforma? No. Lo más seguro es que se acepten los puntos más sencillos y el fondo del asunto como la mejora en inversión y el famoso lema de que pague más el que gana más, no terminarán más que en estéril discusión. 

Pero al final es mi opinión. Ojalá y me equivoque.

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La persona me es irrelevante

Cierro el diario y me voy a clases. Camino por los pasillos del recinto universitario, haciendo el recuento mental de los trabajos que me faltan por hacer y mi retahíla de pensamientos es interrumpida por la interrogante de unos amigos a quienes me encuentro: “Y para vos está bien que hayan nombrado a Munguía Payés?”
A veces me da la impresión que la gente no es más que una extensión de la información que consume y por ende, extensión también de determinismos que opacan situaciones y entendimientos. Me limito a sonreír. Hay cosas que me parece van más allá del bien o mal, del sí y el no; cosas como temas de coyuntura nacional.
El revuelo del tema respecto al nuevo Ministro, es la supuesta inconstitucionalidad del cargo, por este haber sido antes militar y que “antes” es la palabra clave en el caso, pues ahora, y a mi juicio, no es más que un civil a cargo de civiles, por lo que sigo sin entender cuál es el desgarramiento de vestiduras que la gente tiene con esta situación. Pero la verdad es que de marcos jurídicos no hablo, porque no los conozco, no me corresponde y porque el abogado aquí no soy yo. De lo que sí hablo es de la tristeza de una familia por haber perdido un hijo que le mataron por violencia injustificada y de la rabia e impotencia que amigos y yo sentimos cuando pandilleros mataron a uno de nuestros compañeros por haberlo confundido con alguien más. Por esa violencia desmedida y por el aumento criminal que ha infundido pánico en la sociedad de circular libremente por el país, es que considero que la persona no es lo relevante en la discusión del tema, sino el reto que este ser tiene por delante, ya que por mucha voluntad que tenga de trabajar duro y erradicar cualquier tipo de barbarie, si no se refuerza el cumplimiento de procesos y leyes que brinden la garantía básica de protección al ciudadano, la voluntad serviría lo mismo que usar tenedor para tomar sopa.
Sí. Probablemente suene dura y amargada, pero de no reforzar un sistema jurídico que apoye medidas coercitivas como sanción a los actos violentos, sea quien sea el que lleve el cargo de seguridad civil, sólo podrá, en el mejor de los casos, disminuir estadísticas temporales, pero jamás arrancar el problema de raíz; y en la paella de opiniones que la subjetividad brinda en temas que nos afectan a todos, es de recordar que por muy diferente que pensemos respecto a si el nombramiento de Munguía Payés es acertado o no, todos tenemos un deseo común en la mira: disminuir los índices de criminalidad y comenzar el camino a ser un país seguro. En lo particular, a mí no me importa quien esté al mando de un determinado cargo, siempre y cuando lo ejecute bien, proteja los derechos humanos y otorgue beneficios sociales, pero al fin que esto no es más que lo que creo yo...

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¿Quién debe ir a la cárcel?

Yo solo me pongo a recordar el escenario, el FMLN en lucha constante por la abolición del sistema de fuerzas armadas que ha existido por los tiempos de los tiempos en El Salvador. Con la firma de los acuerdos de paz se pidió se detuviera la actividad armamentística, que los grupos bélicos entregaran sus armas para dar inicio a una nueva era de paz.

Hoy los datos arrojan cifras que parecieran que los papeles se han invertido. Se estiman datos de un crecimiento del 57% de los elementos de las FFAA desde la administración de Funes, cifra que se supone contrasta con un número reducido desde el fin de la administración Saca.

ARENA hasta el momento no ha lanzado propuestas reales desde que es partido de oposición, pareciera más bien que han cerrado filas apoyando campañas inverosímiles por las alcaldías en el marco de las próximas elecciones.

En el país de las paradojas el triunfo supuesto de la izquierda sirvió para fortalecer más los objetivos que anteriormente (¿todavía?) ondeaba la derecha radical de entonces, a muchos no les gusta pensar en este análisis pues se requiere una explicación mucho más estructural para un problema igual de complejo.

Otros califican del nombramiento del nuevo ministro de defensa como un retroceso y es algo que se cree que han venido orquestando distintos grupos de la sociedad. Justo al momento del nombramiento la ANEP vio con buenos ojos esta elección, posteriormente el ministro dijo que era necesaria la "inversión" de la empresa privada. ¿La empresa privada invirtiendo en seguridad? yo recuerdo que muchos de los empresarios pagan sendas sumas en protección y agencias de seguridad para cuidar sus bienes.

Un escenario sombrío se vislumbra en el hecho de una posible privatización del sistema penitencial, un análisis simplista arrojaría que una empresa invirtiendo en un bien que le dejaría nulas ganancias no es coherente con el espíritu de una empresa. Quién sabe que estrategia tendrían para "invertir" en el sistema penitencial y que ello les genere dividendos favorables. Porque en la empresa y el juego del capital, perder dinero no es una opción.

Ustedes pueden ver lo simple de este análisis, pero el micrófono está abierto para todos.

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Quemar cartuchos

Ha pasado más de una semana del nombramiento y la toma de posesión de las nuevas autoridades de seguridad pública en el país y los titulares de los principales medios reflejaban la indignación en muchísima gente que ha calificado de retroceso y de catastrófica a la elección del nuevo ministro. Parece que después de la focalización  del subsidio al gas propano el nombramiento del nuevo Ministro de Seguridad es la decisión que más ha indignado a los salvadoreños que aún recuerdan con resquemor a los militares y su proceder.

Para comenzar, la indignación popular comenzó por la supuesta inconstitucionalidad en el nombramiento del Sr. Munguía Payés. La inconstitucionalidad simplemente no existe. Ni el espíritu ni la norma escrita en nuestra Constitución han sufrido vulneración alguna. Simplemente la función de dirección de seguridad civil está bajo las ordenes de un civil que antes fue un militar de alta. 

Criticar el nombramiento del Ministro Munguía Payés con la ayuda de anacrónicos argumentos es simplemente ignorar que la posibilidad de la reestructuración de las políticas de seguridad del país están muy por encima de las autoridades que los manejan. 

Estamos claros que más allá de las preguntas sobre el nombramiento de la persona y lo que se supone representa para aquellos sectores que sienten que los valores democráticos podrían perderse, mucho más allá, hay factores innegables que han coincidido para terminar quemando los cartuchos que le quedan a esta administración en el tema de seguridad. 

-Tenemos un cuerpo policial corrupto y sin señales serias de depuración.

- Existe una estructura de seguridad que sigue sin ser apoyada desde el punto de vista fiscal por cualquier administración. Hay demasiado en juego.

- El sistema judicial sigue siendo caldo de cultivo para el prevaricato y el abuso de poder en general.

Si a todo lo anterior le sumamos que las medidas estructurales para la lucha contra la delincuencia son una triste ilusión, y que el trabajo, la inversión social, los modelos de desarrollo sostenible e inclusivo, la solidaridad y union de esfuerzos para la reducción sustancial de la pobreza no se llevarán a cabo debido a la alta carga ideológica que se le sigue imponiendo a las pocas voluntades que puedan existir para solucionar el caos en el que se ha convertido el país. La situación sigue en espiral destructiva infinita.

Quiero creer, aunque sea tonto, que puedo dar mi voto de confianza para estas autoridades. Aunque hayan quemado sus discursos de reducir la delincuencia en 30% con las condiciones exigidas para cumplir la propuesta. Entre ellas está el apoyo de la empresa privada que evidentemente no recibirá.

Quiero creer que el ejercito que apoya a la PNC,  así como la misma policía, serán capacitados para su mejorar su desempeño en seguridad civil y respeto de derechos humanos. 

Quiero creer que la PNC será depurada en extremo.

Quiero creer que existirá un saneamiento del sistema penitenciario.

Quiero creer que puede existir unión de esfuerzos para la solución estructural del problema

Pero ese soy yo. Quiero creer demasiadas cosas. 

Al final no es más que mi opinión.

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