Probablemente sea un poco menos que retórico en países como el nuestro referirse a justicia, a solidaridad y a eliminación de la impunidad, cuando hemos vivido durante décadas bajo gobiernos militares que poco o nada han respetado los incipientes derechos humanos que hemos ratificado a cuentagotas. Lo cierto es que aunque sea bastante simple hablar al respecto, no se puede hacer a un lado lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 25 años en el país.
"Vigilar y castigar".
Francamente, en sistemas democráticos como el nuestro, luego de observar casos como el de Katya Miranda, ocurrido en 1999; la masacre a los sacerdotes jesuitas de la UCA, en 1989; el asesinato de Monseñor Romero, en 1980; y tantos otros de la misma clase. El simple acceso a la justicia, concepto tan controvertido cuando debería ser tan diáfano, se vuelve casi imposible. Ni hablar de la ley de amnistía. No llenaré este mini artículo de citas legales.
En cuanto al problema del acceso a la justicia, que es un derecho constitucionalmente consagrado, se ha tomado de una manera tan evidentemente incompleta cuando implica, según algunas autoridades, simplemente poner en movimiento al sistema. El sistema ha fallado. Todos lo vemos. Entre los problemas de impunidad, de intereses alternos a la justicia real, etc., también están los problemas de los castigos. Ya no es posible pensar que nuestros sistemas penitenciarios puedan, junto a nuestros sistemas judiciales, conseguir justicia. De ahí la breve y tímida cita a la obra de Foucalt.
No cabe prescripción ni amnistía.
Podría remitirlos a mi tesis de grado de la UES o a mi blog donde en ocasiones he hablado un poco de la impunidad y esas hierbas, pero creo que lo más necesario es darnos cuenta un poco de qué va esto de la impunidad y acceso a la justicia.
Podría remitirlos a mi tesis de grado de la UES o a mi blog donde en ocasiones he hablado un poco de la impunidad y esas hierbas, pero creo que lo más necesario es darnos cuenta un poco de qué va esto de la impunidad y acceso a la justicia.
Existen casos extremadamente emblemáticos de impunidad que se revisten de importancia internacional dada la posibilidad de incluirlos en la categoría de delitos de lesa humanidad. Por tanto, reclamables internacionalmente. El Derecho Internacional por lo general no conoce la prescripción. Y los crímenes contra la humanidad deben regirse por el orden jurídico del que dimanan, es decir, el Derecho Internacional.
Establecen también la no prescripción, entre otros textos, la Declaración de la Asamblea General de la ONU sobre la desaparición forzada de personas, aprobada por consenso el 18 de diciembre de 1992; la Resolución 291 de la Asamblea General de la ONU al aprobar, el 9 de diciembre de 1968, la Convención sobre la no aplicación de la prescripción a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la humanidad, que "constata que en ninguna de sus declaraciones solemnes, acuerdos y convenciones relativas a la persecución y represión de los crímenes de guerra y de los crímenes contra la humanidad no ha sido previsto límite de tiempo". Dispone en particular su artículo I literal b) "cualquiera que haya sido la fecha en que han sido cometidos, son imprescriptibles [...] los crímenes contra la humanidad, tanto si han sido cometidos en tiempo de guerra como en tiempo de paz [...], inclusive si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país en el que han sido cometidos", y su artículo III establece la obligación de permitir la extradición. Esta convención tiene 41 años de vigencia y acá ni siquiera nos hemos enterado.
Un grave problema, relacionado directamente con la impunidad, es la crisis de legitimidad. La sociedad civil se ha nucleado en organizaciones sociales, con personería jurídica o no, para la defensa de sus intereses específicos, como un modo de evitar la delegación y convertirse en actores. Es gravísimo, porque la sociedad se ha dado cuenta que las instituciones destinadas a tutelar sus derechos se han vuelto inoperantes. ¿Alguien sigue confiando en la Fiscalía General de la República, luego de observar su desempeño?
Una sociedad civil sólida, capaz de actuar libremente, debidamente informada y versada en los derechos humanos es un elemento fundamental para garantizar la protección sostenible de los derechos humanos a nivel nacional.
Lastimosamente, el efecto globalizador, en general, parece no haber llegado a puerto en tema de tutela de derechos humanos. Luego de los esfuerzos de Garzón en el caso Pinochet, son muchos los intentos de ejercer el derecho de acceder a una justicia efectiva. Intentos.
En sistemas como el nuestro, el juez actúa como guardián de los derechos y libertades de todos los habitantes toda vez que deben garantizar la protección judicial de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación, contra la impunidad y por el derecho a la reparación. Pero en la realidad es muy distinto. La justicia parece limitarse a las probabilidades.
Preocupa la falta de imparcialidad e independencia del poder judicial allí donde la justicia se encuentra subordinada al poder político. Se evidencia a través de sentencias obedientes a los lineamientos del gobierno de turno, del dictado de leyes que buscan limitar la independencia judicial, y de la expulsión del sistema a quienes no cumplen con el perfil de juez pretendido e incorporación de quienes demuestren docilidad.
La separación de poderes, el estado de derecho y el principio de legalidad son requisitos necesarios para la apropiada defensa de los derechos humanos y el castigo de la discriminación.
En países como el nuestro los beneficios de la justicia no se encuentran al alcance de la mayoría de la población de menores ingresos. De tal forma que existe un sector de la población que se encuentra impedido de acceder a la justicia en razón de su condición económica y social y, debido a ello, no puede hacer valer sus derechos fundamentales.
El acceso a la asistencia y patrocinio jurídico gratuitos de quienes no pueden procurarse asistencia legal por carecer de recursos constituye un componente esencial del acceso a la justicia, y este es, a su vez, presupuesto de un sistema judicial organizado sobre principios democráticos. En fin, y para concluir, si aquellos que son parte del sistema no comprenden las funciones morales, incluidas directamente en sus cargos, lo más probable es que vivamos más tiempo en este oasis para la impunidad.
Pequeña banda sonora para este intento de artículo, escrito azarosamente y significando únicamente una opinión sencilla, quitándome el traje de abogado y hablando como un salvadoreño común:
Fito Páez, Charly García y Gustavo Cerati - Ciudad de pobres corazones.
